En 1971 Brasil vivía bajo una dictadura militar. Sindicatos, gremios estudiantiles y asociaciones culturales estaban prohibidos o bajo intervención; los periódicos y medios de comunicación estaban bajo rigurosa censura. Los grupos políticos que hacían oposición al régimen estaban presos, muertos o desaparecidos, algunos en el exterior. Las luchas estudiantiles y las protestas urbanas habían sido silenciadas a través de una fuerte represión. El congreso funcionaba de forma decorativa, sin poder legislar sobre temas presupuestales ni sobre asuntos de “seguridad nacional”. Cuestiones de derechos civiles, cuando surgían, eran resueltos por tribunales militares. Un aparente desarrollo económico, expresado en el aumento del PIB, era presentado por los medios de comunicación como “el
milagro brasileño” y anestesiaba a la clase media.

La política indigenista consistía en la sedentarización de los indígenas bajo la administración de funcionarios (muchas veces militares) en pequeñas unidades, llamadas Puestos Indígenas, donde permanecerían alejados de los frentes de expansión e ingresarían en un proceso de aculturación imaginado como lento y espontáneo. Tales acciones eran descritas de forma altamente idealizada a través de la saga de contactos realizados en las primeras décadas del siglo por el general Rondón, creador del Servicio de Protección a los Indios (SPI). El parque indígena del Xingú, instituido en 1955 y mantenido por estricta vigilancia de los hermanos Vilas-Boas, era la vitrina del indigenismo, visitado por embajadores, artistas y documentalistas. Contrariamente a esta romantizada autorepresentación nacional, una comisión parlamentaria de investigación reportó en 1968 centenas de casos de funcionarios involucrados en venta de tierras, formas coercitivas de explotación del trabajo, prisión, tortura y muerte de indígenas. Lo que llevó a la extinción del SPI y a la creación de una nueva agencia indigenista, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que, sin embargo, tendría una estructura y finalidades análogas.